LO CORTES NO QUITA LO VALIENTE...

En apoyo del juez Baltasar Garzón

La actuación del juez Garzón, en la instrucción de la histórica causa contra los crímenes de lesa
humanidad cometidos por el franquismo a raíz del golpe de Estado contra la legalidad constitucional
republicana en julio de 1936 y la guerra civil y la posguerra, perseguía buscar a las personas
desaparecidas y recuperar sus restos mortales de las personas asesinadas y verificar los hechos y la
revelación pública y completa de la verdad, procurando una declaración oficial o decisión judicial que
restableciera ante tales crímenes la dignidad de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad en su
conjunto; compatibilizando la actuación judicial penal con la Ley de la Memoria Histórica, en interés
siempre de las víctimas.
El Tribunal Supremo, en lugar de resolver los recursos y cuestiones de competencia pendientes en
relación a la causa contra los crímenes del franquismo, que tienen una evidente trascendencia histórica,
social y jurídica, ha admitido querellas interpuestas por grupos ultraderechistas, alegando una presunta
prevaricación del juez Garzón en su investigación sobre los crímenes del franquismo. Crímenes
consistentes en el plan sistemático y preconcebido de eliminación o exterminio de oponentes políticos,
muchos de ellos por su condición de sindicalistas.
Las querellas interpuestas ante el Tribunal Supremo persiguen injustamente al juez Garzón también
por otras actuaciones judiciales, como la instrucción de los graves delitos de corrupción política del caso
Gürtel.
Por otra parte, en las actuaciones del órgano de gobierno de los jueces respecto al juez Garzón, parecen
estar pesando razones extrajudiciales.
Considerar que un juez comete delito de prevaricación porque se disiente de su criterio jurídico, que
está motivado y fundado, compromete gravemente el Estado de Derecho y la independencia del poder
judicial. La persecución del juez Garzón cuestiona la consideración de la Justicia en la sociedad
española, y también en el ámbito internacional.
Los impedimentos jurídicos que se sostienen por algunos para hacer inviable la causa de los crímenes
contra la Humanidad del franquismo hubieran hecho imposible, también, el Proceso de Nüremberg
contra los criminales nazis.
Nadie puede pretender erigirse en garante de la legalidad del Estado social y democrático de Derecho
en el que vivimos, amparando vulneraciones de la memoria histórica y favoreciendo la impunidad de la
corrupción política.
La especial gravedad de estos hechos, relacionada con el contenido esencial de la democracia en
España, nos obliga a CCOO y UGT a un pronunciamiento al respecto, porque afectan a la lucha
antifranquista y a la memoria histórica de una parte, y a la persecución y castigo de la corrupción de
otra.
Para UGT y CCOO ningún poder está libre de control en una sociedad democrática: tampoco la Sala de
lo Penal del Tribunal Supremo ni el Consejo General del Poder Judicial.
CCOO y UGT quieren manifestar públicamente su solidaridad en estas horas con el juez Garzón y el
reconocimiento de su trayectoria ejemplar de defensa de los Derechos Humanos; y también exigimos al
Tribunal Supremo que termine de manera inmediata la persecución injusta contra el juez Garzón y que
resuelva ya las cuestiones pendientes, en su sede, sobre la causa de los crímenes contra la Humanidad
del franquismo.
DECLARACIÓN DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) Y COMISIONES OBRERAS
(CCOO) EN APOYO DEL JUEZ BALTASAR GARZÓN.
Madrid, abril de 2010