¿Quién teme la Ley Audiovisual?

La aprobación de la Ley del Audiovisual en el Parlament de Catalunya ha generado la reacción adversa de algunos medios de comunicación. Se ha crispado el ambiente hasta tal punto que los contrarios a la norma aprobada han fustigado por igual a todos los ponentes del texto; a los que han votado afirmativamente y a los que lo han hecho en contra, a los miembros del tripartito pero también a Convergència i Unió y a los del Partido Popular. ¿Porqué? Seguramente por ignorancia, por desconocimiento del método seguido, por incomprensión de los contenidos y de la génesis del proyecto. Se ha opinado visceralmente en contra de esta ley -especialmente des de la COPE- no por sus contenidos sino como reacción a la problemática particular, al contencioso que tiene esta cadena con instituciones tan respetables, y respetadas, como el CAC (Consell Audiovisual de Catalunya). La Ley del Audiovisual de Catalunya es un compendio hecho ley de lo que fue en su día un denso debate parlamentario sobre los medios de comunicación y la industria audiovisual y que concluyó con unas resoluciones aprobadas unánimemente en diciembre de 1999. En aquella ocasión, incluso el Partido Popular de la época nada próximo a las tesis de Josep Piqué, votó entusiásticamente aquellas conclusiones. ¿A que viene pues tanta agresividad? ¿Tanto temor infundado? ¿Puede el tremendismo, la crispación que desean desde la calle Génova, romper un proceso de acuerdo democrático asentado sobre seis años de trabajo? ¿Es lícito que una cadena radiofónica machaque frívolamente todas, absolutamente todas, las posiciones del arco parlamentario en defensa de sus intereses particulares? ¿No nos parece lógico el linchamiento matutino que han sufrido algunos diputados del PP por haber cometido “el delito de traición” de consensuar una ley con el tripartito y CiU? Tanta bilis condensada y tanta animadversión son injustas.
La verdad es otra. La nueva ley profundiza en los derechos democráticos, ordena un sector que ha crecido hasta hoy tecnológica y económicamente sin el amparo ni las garantías suficientes de seguridad. ¿Acaso alguien aboga por la desregularización total, por volver a la ley de la selva? Seamos sensatos y objetivos. Que cada cual aparque sus paranoias. Para que las emisiones de un operador puedan ser suspendidas total o temporalmente se han de dar un conjunto de circunstancias o infracciones graves o muy graves. Que quede claro: el texto aprobado por la Cámara Catalana contempla como infracciones muy graves circunstancias tales como emitir sin licencia, incumplir los parámetros exigidos sobre la protección a la infancia, incitar al odio o a la violencia, obstruir la actividad inspectora o verter reiteradamente informaciones carentes de veracidad o que atenten a la dignidad de las personas... Obviamente todos estos supuestos, u otros muchos, no pueden ser interpretados jamás como una limitación de la libertad de expresión sino más bien todo lo contrario, son una aplicación práctica de derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española. La norma garantiza también la capacidad sancionadora e inspectora de la administración al tiempo que limita aspectos como la saturación publicitaria en los medios o el ejercicio de la tele venta. En este sentido vamos camino, por ejemplo, de lograr visionar un buen film sin interrupciones perturbadoras de la obra, sin cortes indeseables. ¿Por ventura la casta cadena de los obispos está contra el arrinconamiento de la pornografía como plantea la ley? ¿Están a favor de la consagración de la mentira gratuita? ¿Acaso sus detractores justifican el cambalache y la concentración de medios en pocas manos que implicaría la inexistencia del control de las licencias o los porcentajes accionariales que se hallan tras las mismas? Queremos pensar que no, que andamos todos metidos en el mismo barco, en la nave que ha de garantizar un servicio público y privado de radiodifusión y televisión moderno y acorde con la Europa del siglo XXI. En este país todo el mundo es libre de criticar cuanto le plazca pero no sería ético ocultar la realidad. Durante el último mandato del Presidente Pujol el acuerdo parlamentario del 99 no prosperó. A CiU no le interesaba abrir la mano ni perder el control de la todo poderosa e influyente Corporación Catalana de Radio Televisión. Pero en los ámbitos profesionales y académicos del periodismo y del mundo político crecían las exigencias de cambio. El gobierno tripartito ha tomado una decisión valiente en este campo, discutible si se quiere, pero con tantas garantías de control democrático que incluso ha hecho posible la unanimidad sobre el proyecto de ley hasta una hora antes de su votación.Los operadores, ayuntamientos, la industria cultural y audiovisual y sus profesionales están de enhorabuena. Por fin saben a que atenerse, por fin se han sentado las bases para abordar los grandes retos del sector audiovisual y las apuestas tecnológicas del futuro. ¿Quién puede temer pues una ley de este tipo elaborada sobre la base del consenso?