El paréntesis veraniego no ha servido ni para enfriar el debate sobrela negociación del nuevo sistema de financiación autonómica ni paraclarificar sus términos. Más bien todo lo contrario. Y a todosconviene que éste sea un debate argumentado y sereno.Dos principios básicos que son aceptados con carácter general, que lospresidentes de las comunidades autónomas tienen como principal funcióndefender los intereses de sus respectivas comunidades y que losEstatutos de autonomía son leyes que deben cumplirse, parecen ser paraalgunos inaceptables cuando se trata de Cataluña.En este sentido, la actitud del presidente Montilla con respecto a ladefensa de los intereses de Cataluña y de su Estatuto es idéntica a laexpresada por Manuel Chaves en el debate que le invistió nuevamentecomo presidente de la Junta de Andalucía cuando dijo: "En todo aquelloque tiene que ver con la defensa del Estatuto, que es tanto como decirla defensa de Andalucía, seremos, como siempre, exigentes. Es laposición que hemos mantenido en todo momento, en defensa de losintereses de nuestra comunidad y que no demanda ningún privilegio,sino que aspira a mantener una posición de mutua lealtadinstitucional".Estamos inmersos en este debate no sólo porque así lo determina elEstatuto de autonomía de Cataluña, sino por el evidente fracaso delactual sistema, pactado entre los gobiernos del PP y CiU, acuerdo alque después se sumaron todas las comunidades autónomas, aunque algunosdenunciásemos el profundo error que suponía una solución que sepresentaba como definitiva y que, por no tener, siquiera teníacláusulas de revisión ni mecanismos de actualización.Conviene también relativizar el encarnizado debate sobre el carácterbilateral o multilateral de la negociación. ¿Tan mala memoria tenemoscomo para haber olvidado que tanto la cesión del 15% del IRPF como laposterior cesión del 30% del IRPF fueron negociadas primero por losgobiernos del PSOE y del PP con el Gobierno catalán, para luego seracordadas con las demás comunidades autónomas? ¿Tanto se desconoce lamecánica institucional como para ignorar que la plena eficacia de losacuerdos tomados por el Consejo de Política Fiscal y Financierarequiere de la ratificación por parte de las comisiones mixtasEstado-comunidades autónomas?No poca polémica han suscitado los contactos entre las comunidadesautónomas para compartir criterios sobre el nuevo sistema. Como lacumbre de consejeros de seis autonomías que, convocados al parecerpara reafirmar el criterio según el cual "pagan las personas y no losterritorios", resolvieron que el peso de la variable de población paradeterminar las necesidades de gasto de las comunidades autónomas nodebería superar en ningún caso el 80%. Si pagan las personas y no losterritorios, ¿por qué no reclamar que el peso de la población sea del100%?Precisamente, se pone a las personas en el centro del sistema cuandose reclama que los mecanismos de nivelación actúen sobre los serviciosuniversales del Estado de bienestar (sanidad, educación y serviciossociales). O cuando se preserva la caja única de la Seguridad Social,que sufraga pensiones y seguro de desempleo. O cuando se piden másrecursos para desarrollar la Ley de la Dependencia.Tampoco tiene mucho sentido reservar un porcentaje fijo de recursospara una Administración determinada, pues cada nivel de gobierno debegestionar el volumen de recursos adecuado a sus competencias y elnuevo sistema debe hacer transparente el hecho de que los ciudadanospagan impuestos a ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado paraque cada uno haga frente a las responsabilidades que le atribuyen laConstitución, los Estatutos de autonomía y las leyes.Afortunadamente, la publicación de las balanzas fiscales ha disipadoel argumento sobre una pretendida insolidaridad catalana. No cabe lainsolidaridad ni el privilegio en el régimen común de financiaciónautonómica. Precisamente, una adecuada reforma del sistema vigenteevitaría alentar un proceso de radicalización que llevase a muchos areclamar el concierto económico para Cataluña. Un sistema que lossocialistas catalanes hemos rechazado siempre.La reivindicación catalana de un nuevo modelo de financiación tienedos razones de fondo. La primera, compartida con otras comunidades, esla falta de recursos de la Generalitat para atender las demandassociales de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña en ejercicio desus competencias. Uno de los objetivos del nuevo sistema debe sercorregir el desequilibrio producido a lo largo de los años a causa dela diferente evolución de los recursos y los gastos del Estado y lascomunidades autónomas, ya que, mientras los recursos del Estado hanaumentado a un mayor ritmo que los de las comunidades autónomas, losgastos de éstas han aumentado a un mayor ritmo que los del Estado. Lasegunda razón es la disfunción creada por los actuales mecanismos denivelación y solidaridad, que penalizan a las comunidades que realizanuna mayor contribución fiscal. Los mecanismos de nivelación han dereducir distancias, pero no invertir posiciones. Es insostenible laactual situación en que Cataluña puede destinar menos recursos porpersona para atender la sanidad, la educación o los servicios socialesque otras comunidades que contribuyen menos al sistema. Debemos acabarcon esa injusticia.Ha sorprendido a algunos la reacción catalana unitaria y contundente ala propuesta avanzada por el Gobierno de España. El carácter unitariose explica porque se trata de exigir el cumplimiento del Estatuto,acordado entre el Parlament de Catalunya y las Cortes Generales,aprobado por éstas y refrendado por los ciudadanos y ciudadanas deCataluña. Y la contundencia se explica por el carácter incompleto,"infraestatutario", por utilizar el calificativo que usó el presidenteMontilla, de la propuesta formulada por el ministro Solbes que norecoge de forma expresa elementos que sí figuran en el Estatuto. Citocuatro que me parecen especialmente significativos:a) Impulsar la creación de un consorcio o ente equivalente en el queparticipen de forma paritaria la Agencia Estatal de AdministraciónTributaria y la Agencia Tributaria de Cataluña para desarrollar lastareas previstas en el artículo 204 del EAC.b) Contemplar los costes diferenciales y el porcentaje de poblacióninmigrante como criterios para determinar las necesidades de gasto.(Art. 206.1 EAC).c) Incorporar a los mecanismos de nivelación la exigencia de que lascomunidades autónomas desarrollen un esfuerzo fiscal similar. (Art.206.3 EAC).d) Incorporar la necesidad de que la aplicación de los mecanismos denivelación no altere en ningún caso la posición relativa de lascomunidades autónomas ordenadas en función de sus respectivas rentasper cápita. (Art. 206.5)Los socialistas catalanes somos conscientes tanto de la dificultad delacuerdo como de que es imprescindible alcanzarlo para que el nuevosistema sea operativo el 1 de enero de 2009. Para conseguirlo,contamos con la firmeza del presidente Montilla y de su gobierno, lacolaboración de CiU, la solvencia de Solbes y de Castells, y lapalabra de Rodríguez Zapatero, el presidente del Gobierno que hizoposible la aprobación del Estatuto, la devolución de los papeles deSalamanca, el reconocimiento institucional de la lengua catalana enEuropa, el traslado a Barcelona de la sede de la Comisión Nacional delMercado de las Telecomunicaciones, la aprobación de la Carta Municipalde Barcelona, o el acuerdo sobre inversiones del Estado en Cataluña enaplicación de la disposición adicional tercera del Estatuto.Nuestro único objetivo es lograr un sistema de financiación justo.Somos conscientes de que algunos piden que tensemos la cuerda con elúnico objetivo de que se rompa, pero no serán quienes aceptaron elanterior modelo quienes hoy puedan darnos lecciones de firmeza. Comotampoco aceptaremos que se nos pida por una responsabilidad malentendida que abandonemos la defensa del Estatuto y de lo queconsideramos justo.
Miquel Iceta. El Pais
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