MALAS ARTES SIN SANGRE...PERO MALAS ARTES

 

  UN 9 DE MAYO 

 No teman, no les voy a hablar a ustedes del fin de la Segunda Guerra mundial ni de los fastos que se celebran hoy en Moscú. Tampoco del aniversario del nacimiento de José Ortega y Gasset. Mi 9 de mayo es el del 1976, el de los asesinatos perpetrados en las laderas de la montaña de Montejurra, Navarra. Durante la celebración de un acto en memoria de los requetés muertos en la Guerra Civil, partidarios de Sixto de Borbón Parma segaron la vida de dos militantes del Partido Carlista. Han pasado cuarenta y siete años de aquellos trágicos sucesos sin que se hayan disipado totalmente las dudas sobre lo sucedido. Aun hay quien sostiene que aquello fue un ajuste de cuentas entre dos ramas del carlismo, sin embargo todo apunta a que lo acontecido fue la resultante de una trama cocinada en los fogones del estado. Liquidar la corriente democrática de los partidarios de Carlos Hugo devino el objetivo de una operación denominada ‘Reconquista’ de la que tenía conocimiento el ministro Manuel Fraga. Estas cosas, por desgracia, pasaban. Algunos columnistas juegan últimamente a poner en duda las virtudes de la Transición Española, acusan a sus actores principales -líderes y partidos- de falta de contundencia democrática. Les cuesta comprender que durante el periodo comprendido entre diciembre de 1975 y 1982, la violencia fue un factor estresante y determinante del proceso de cambio político. La matanza de Atocha fue un ejemplo terrible de cómo se llegó a usar la violencia política para intimidar. Los sectores más reaccionarios del régimen intentaron impedir con métodos diversos -bulos, conspiraciones y 23F- la consolidación de la democracia. Han pasado casi cincuenta años de los sucesos de Montejurra. Afortunadamente hoy la violencia en España, como método coactivo, no va más allá de una desatada agresividad verbal, cuatro escraches con pitos y un par de caceroladas. Pero no nos engañemos, hay en activo otros métodos y artimañas destructivas que introducen ponzoña en nuestra sociedad. Se prodigan malas prácticas políticas e informativas para liquidar al adversario. La degradación de la vida institucional ha llegado a límites insoportables y la ciudadanía lo percibe tanto en la forma como en el fondo. Aumenta la polarización; el Parlament de Catalunya es una caricatura de lo que intentó ser; el Congreso de los Diputados pierde glamour, sobre todo cuando sus señorías vocean arengando a sus respectivos púgiles. Episodios pintorescos y kafkianos, como la moción de censura de Ramón Tamames, las excusas de Laura Borràs o las batallas del protocolo madrileño contribuyen a enrarecer la atmósfera. En esta España del siglo XXI vivimos sin pronunciamientos militares arcaicos y sin pistoleros a sueldo; cierto, pero desde los cenáculos de la reacción se lanzan mil dardos envenenados; se intentan obstaculizar reformas legislativas y derechos sociales adquiridos. Y lo más triste del tema es que esto ocurre en una coyuntura económica y una proyección internacional de España que invita al optimismo. Un artículo de Luis Arroyo (‘Anatomia del antisanchismo’, El País) nos contaba hace pocos días las características de lo que, en ciencia política, se ha dado en llamar ‘personalización negativa’. Una táctica de acoso y derribo destinada a destruir la imagen y la credibilidad de los líderes políticos. Un método que suele contar en nuestro país con la ayuda interesada de influyentes poderes económicos y mediáticos. En ella se dan cita el ataque personal, las injurias y la incitación al odio. Mentiras y falsas noticias difundidas sin descanso en las redes sociales, gota a gota, actúan como complemento de esa ‘personalización negativa’. La estratagema no es novedosa, su objetivo es liquidar políticamente al adversario sin sangre. La padecieron con anterioridad presidentes de gobierno como Felipe González, Rodríguez Zapatero, Manuel Azaña y Largo Caballero. La reacción y sus voceros no toleran que otros gestionen el poder, e interviene sin demasiados miramientos. Conviene refrescar la memoria de lo que pasó para comprender mejor el presente. Los sucesos de Montejurra del 9 de mayo de 1976, como es obvio, no impidieron que la Transición española cuajara; en efecto, pero aquella emboscada en la cima del monte consiguió uno de sus objetivos: provocar el principio del fin de un Partido Carlista que, entonces sí, apostaba claramente por la democracia, la libertad y el socialismo autogestionario.

¿QUIEN MANDA AL OTRO LADO?

 

SOBRE DIARQUÍAS Y TUTELAS 

 Las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo van a generar muchas noticias y titulares en los medios de comunicación de nuestro país. Se van a generar, obviamente, para narrar qué partidos crecen, cuales decrecen y quien desaparece del mapa institucional; pero también para especular sobre cómo van a influir las victorias y las derrotas en las elecciones generales previstas para finales de año. Ya saben ustedes que el principio de los vasos comunicantes suele funcionar en el ámbito político. Todo está a punto para el 28 M. Candidatos, líderes y partidos han colocado sus cartas sobre la mesa y engrasado la maquinaria electoral. Comentarios, promesas y golpes de efecto no van a faltar. Hay tantos puntos calientes en el aire -Valencia, Sevilla, Madrid, Aragón... - como lecturas interesadas habrá a posteriori. Pero es en la ciudad de Barcelona el lugar donde se libran varias batallas singulares en una sola. El resultado de esas batallas va más allá del devenir personal de Xavier Trias, Ada Colau o Jaume Collboni. A nadie se le escapa que lo que ocurra en la ciudad condal, tras las elecciones municipales, marcará los análisis y discursos de todos los partidos aquí y en Madrid. Están las cosas tan ajustadas que la naturaleza del gobierno de la ciudad va a depender tanto de correlacion de fuerzas que surja de las urnas, como de los acuerdos postelectorales. Además, no olvidemos que ERC y Junts pugnan por la hegemonía en el espacio independentista, mientras los Comunes intentan librarse de los daños colaterales del asunto Sumar. Es probable que a medio plazo el PSC de Salvador Illa, para garantizar la normalidad institucional, se vea obligado a pactar y a negociar. Nada que objetar al respecto. Me atrevería en esas circunstancias tan solo a insinuar una advertencia fruto de la experiencia: los ayuntamientos y diputaciones constituidos a partir del diálogo pueden ser un instrumento de gestión eficaz al servicio de la ciudadanía. Pero para que ello sea posible, para que los acuerdos sean serios, conviene que los interlocutores de las partes estén dotados de autoridad y capacidad de acordar. Esta reflexion preventiva viene a cuento dado que, por ejemplo, en el caso de la diarquía de Junts cuesta averiguar quien es el interlocutor que manda en esa formación. No se sabe si es Jordi Turull o Laura Borràs el dirigente que toma las decisiones estratégicas; desconocemos si Carles Puigdemont tutela y cual es el papel de Xavier Trias. Lo que planteo no es cosa baladí. A las mesas de negociación han de acudir interlocutores solventes con poderes delegados y no mensajeros de terceros. De su buen hacer pueden depender temas como la configuración de la Diputación de Barcelona y el pacto en unas cuantas alcaldías. Algo parecido ocurre con y en ERC. Allí la diarquía ha sido siempre marca de la casa. La hubo entre Carod Rovira y Joan Puigcercós hasta la nausea. La actual está constituida por Oriol Junqueras y Pere Aragonès; entre un tipo temperamental y un president que es el arquetipo del quiero y no puedo. Aun recordamos los vetos de quita y pon que los republicanos aplicaron a los socialistas en el tema de los presupuestos de la Generalitat. Ese fenómeno no debe ni puede repetirse. Vienen tiempos difíciles en lo que respecta a la toma de decisiones tanto en el ámbito parlamentario como en el institucional. La necesidad de cerrar acuerdos va a estar a la orden del día y conviene ajustar los protocolos de relacion entre partidos. Evitaríamos equívocos exigiendo a las partes interlocutores fiables y el cumplimiento estricto de los compromisos adquiridos. Cuentan los historiadores que la autoridad dividida y ejercida simultáneamente entre dos personas funcionó en el Imperio Inca, Esparta, Cartago e incluso en Roma. Diarquía la hay en el Principado de Andorra gobernada por Coprincipes y en la República de San Marino regida por dos Capitanes Regentes. Perfecto, pero con la que está cayendo en este país necesitamos dialogar con nomenclaturas menos sofisticadas.