La Internacional de los Censores
Editorial, por Benoît Bréville, abril de 2025
Se está conformando un eje extraño. No el del “mal”, que se supone reúne a los “enemigos” de Occidente. Tampoco el que va de Donald Trump a Vladímir Putin. Se trata de una coalición más amplia, tan buscada como ignorada: la Internacional de los Censores, en la que se codean autócratas, demócratas y burócratas.
Amordazado por las plataformas digitales tras su primer mandato, Trump prometió restaurar la libertad de expresión en Estados Unidos. Cosa que electrizó a sus seguidores, cuyas opiniones, a menudo desaforadas, se veían perseguidas en los campus universitarios progresistas o en las redes sociales. Seis días después de su segunda investidura, prohibió a las Fuerzas Aéreas estadounidenses enseñar a sus reclutas la historia de los pilotos negros de la Segunda Guerra Mundial. Tres días después, mientras determinadas palabras desaparecían de las páginas web de las administraciones (“diversidad”, “exclusión”, “género”, “socioeconómico”, “subrepresentado”…), un decreto apuntaba a los estudiantes extranjeros que muestran su apoyo a los palestinos, identificado desde ahora como un “apoyo a la yihad”. “Vamos a encontraros y a expulsaros”, amenaza la Casa Blanca. Más adelante, la policía arrestó a un estudiante de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil.
El silenciamiento también se ha vuelto de rigor en Europa. En Francia, 200 eminentes representantes de la burguesía liberal, entre los cuales se cuenta un expresidente de la República, dos ex primeros ministros y un surtido de alcaldes y diputados de derecha o del Partido Socialista, han hecho un llamamiento a “proteger a los judíos integrando en la ley el antisionismo como una nueva forma de antisemitismo” (Le Monde, 22 de marzo de 2025). Dicho de otro modo: a transformar una opinión defendida tanto por militantes de izquierda como por judíos ultraortodoxos en un delito penal.
La guerra de Ucrania —reformulada como un choque de civilizaciones entre Bruselas y Moscú— también justifica la censura. La Unión Europea proscribió las cadenas rusas RT y Sputnik para garantizar “el respeto a los derechos y libertades fundamentales”. Una decisión celebrada por el presidente francés Emmanuel Macron, a quien tampoco le disgustó que en mayo de 2024 el Parlamento israelí prohibiera la cadena catarí Al Jazeera. En Rumanía, un candidato juzgado demasiado favorable al Kremlin vio cómo su amplia ventaja en la primera vuelta de las elecciones presidenciales era anulada por el Tribunal Constitucional, que también le impidió volver a presentarse. ¿Razón? Supuestas injerencias rusas en las redes sociales. “Nuestro espacio informativo no es sino el campo de batalla geopolítico en el cual estamos perdiendo la guerra”, Explicaba Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea, antes de comparar la difusión de noticias falsas con la violación de la integridad territorial.
La criminalización de los adversarios políticos —marca de fábrica de los regímenes autoritarios— progresa en los Estados democráticos. El 1 de enero de 2018 entró en vigor en Alemania una ley destinada a controlar las redes sociales en lo que es, según la asociación Human Rights Watch, “un peligroso precedente para otros Gobiernos deseosos de restringir la libertad de expresión obligando a las empresas a instaurar una policía de la palabra sancionada por el Estado”. Tan pronto como se aprobó, tres democracias irreprochables —Filipinas, Singapur y Rusia— elevaron el texto a la categoría de ejemplo a seguir (1). Dictadores tenebrosos y liberales esclarecidos, fanáticos religiosos o activistas indignados, todos bailan la misma zarabanda al ritmo de las tijeras de la censura, llevados por esa “notable propensión a alejar de uno cuanto entraña el menor inconveniente, sin examinar si esta renuncia precipitada no conlleva un inconveniente más duradero” (2). Y es que la victoria de unos acarrea la revancha de otros, pero del resultado del combate solo cabe esperar con certeza una cosa: la pérdida de libertad para todos.
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